Centros Especiales de Empleo: La perversión neoliberal.

Si hablamos de atención sociocomunitaria, hay que hablar de los CEE, esos entes que últimamente están muy de moda para fomentar la inclusión en el mercado laboral de personas con un certificado de discapacidad. Todo surgió a raíz del RDL 1/2013 que instauró el gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 con la “Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social” (LGD).

Tanto la LISMI (anterior legislación) como la LGD planteaban como objetivo principal de los CEE proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo, no el de crear empresas productivas. Y dicha transformación de los CEE a “empresas productivas” se han convertido en un lucrativo negocio para las entidades del Tercer Sector, ya que, por una parte, justifican con éstas el cumplimiento del 2% de la plantilla con trabajadoras/es con discapacidad que las empresas ordinarias deben asumir. Por otro lado, contratan prácticamente de forma gratuita, ya que los beneficios fiscales que tienen los CEE son espectaculares: 100% de las cuotas a la Seguridad Social, el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (siendo raro que las personas contratadas por un CEE tengan un salario más alto que el mínimo que les permite la ley), pero además le dan 12.000€ por transformar un contrato a indefinido.

Por estas cuestiones, en Intress se ha fomentado la contratación de personal de limpieza subcontrátandolo a través de Fundación Intress, lo que ha producido varias cuestiones:

– Menos derechos para estas personas trabajadoras, pues se les aplica lo recogido en el XV Convenio Discapacidad para los Centros Especiales de Empleo y no para los Centros de Atención Especializada como vienen teniendo las personas contratadas directamente por Intress, así como no aplicar el Acuerdo de Mejoras que Intress tiene en los servicios de la Comunidad de Madrid.

– No tienen representación de las trabajadoras por parte del Comité de Empresa de Intress-Madrid, al ser “otra” entidad con CIF diferente, por lo que es bastante probable que se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

– Opacidad en la explotación laboral, ya que no rinden cuentas a nadie, pudiendo no abonar todo el trabajo realizado, trabajar más tiempo del que la legislación permite, no disfrutando de los permisos retribuidos, modificación de jornadas a su antojo…

También hay que valorar que a los CEE se les permite tener contratado a personas sin discapacidad, nada menos que un 30% de su plantilla, que seguramente ocuparán los puestos mejor remunerados, mientras que los trabajos más alienados, precarios, invisibilizados, peligrosos (como las tareas de limpieza en las residencias durante esta pandemia) y repetitivos los asumirán personas con discapacidad.

Y en esta situación cabría plantearse: ¿La integración de las personas con discapacidad debe ser a través de la incursión laboral? ¿no deberíamos centrarnos en la discriminación generalizada que viven las personas con un certificado de discapacidad en todos sus ámbitos vitales? ¿Debemos defender el ideal protestante y capitalista de que el trabajo dignifica al ser humano a pesar que este sea precario?

Sabemos que queda mucho trabajo por hacer. Las personas que trabajamos en el ámbito sociocomunitario debemos ser capaces de pensar dispositivos que generen y produzcan inclusión sin que tenga que hacerse desde la perspectiva del empleo, sin dejar de luchar por defender que las condiciones laborales de las personas que están contratadas a través de los CEE se acojan a convenios que permitan salir de la precariedad en la que se encuentran.

Pregunta de Pilar Lima a Fátima Báñez -Ministra de Trabajo 2011-2018-

Publicado por Comité Intress en Lucha

Somos trabajadoras del sector social comprometidas con la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de las personas que atendemos

7 comentarios sobre “Centros Especiales de Empleo: La perversión neoliberal.

  1. Totalmente de acuerdo con lo expuesto, pero la realidad, van aun mucho más lejos y la discriminación entre los propios discapacitados es atroz e injustificable.
    Los propios sindicatos negociadores del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, UGT y CCOO, son conocedores de esta situación y lo permiten, al igual que otros sindicatos que no forman parte de la mesa negociadora, pero que tampoco lo denuncian.
    No se nos pase por alto, el grave incumplimiento del artículo. 32,3 del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad y que un convenio es LEY, por lo que se esta incumpliendo una LEY, la cual ayudaría mucho a solucionar este problema, claro esta que no hay mucho interés de por medio.
    El articulo 32,3 establece que cuando se produzca un incremento del Salario Mínimo Interprofesional que situé éste por encima de los 900 euros/mes (12.600 €/año) referido a la jornada legal de trabajo, la Comisión Negociadora se reunirá, en el plazo no superior a un mes desde la publicación en el BOE, para realizar los ajustes que sean necesarios en las tablas salariales.
    Que con fecha 5 de febrero de 2020, se publico en el BOE el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero de 2020, por el que se fija el SMI para 2020, cuyo articulo lo cuantifica en 950€/mes
    De acuerdo a lo anterior, concurre la circunstancia habilitante para la convocatoria y reunión de la Comisión Negociadora, dada la obligatoriedad de ajustar las tablas salariales conforme a lo mandatado en el XV convenio, se hace igualmente necesario, puesto que en las tablas salariales existen categorías, en las que se contemplan salarios base por debajo del SMI actual y vigente.
    Tampoco debemos de pasar por alto, que los mismos sindicatos que están en la Comisión Negociadora del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (UGT y CCOO), están negociando en determinadas Comunidades, Convenios Colectivos Autonómicos, en los cuales las tablas salariales y de mas contenido en cuanto a los derechos reconocidos en los mismos, nada tienen que ver con lo recogido en el convenio Nacional, Sirvan de ejemplo:
    El Convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo (DOG Núm. 37 Lunes, 24 de febrero de 2020, RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2020, de la Secretaría General de Empleo, por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación del Convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo.)
    El acuerdo de tablas salariales del XV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad de la comunidad de Valenciana (Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el registro y la publicación del acuerdo de la comisión paritaria del Convenio colectivo del sector de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, respecto de las tablas salariales de los centros especiales de empleo y la tabla de programas para el año 2019)
    Lo cual agrava severamente la Discriminación entre los propios Discapacitados, quienes en función de donde este ubicado el Centro Especial de Empleo en el que trabajan “cobran cantidades totalmente distintas unos de otros, por desempeñar las mismas categorías profesionales y realizar los mismos trabajos” y todos ellos prestando servicio en Centros Especiales de Empleo, que como todos sabemos están en gran parte costeados con dinero publico de todos los Españoles.

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